las políticas públicas deben ser analizadas desde una perspectiva de género, puesto que medidas aparentemente neutras pueden generar
desigualdades de género. El
Real
Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones aprobado por el Gobierno hace unas semanas tiene un impacto de género que no ha sido contemplado.
Podemos pensar que al tratarse de medidas relativas al ámbito sanitario
—reconocidas como un derecho universal y que están amparadas por varias
normas— ya se está tratando bajo parámetros de igualdad. El artículo 43
de la Constitución Española señala que:
Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y
servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos
al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la
educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada
utilización del ocio.
Y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad establece en su artículo 1.2.
Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención
sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan
establecida su residencia en el territorio nacional.
