9 de febrero de 2014

El Sindicato Cemsatse ha remitido un escrito al conseller de Sanidad, en el que solicita que presente una auditoría de cuentas sobre el ahorro real que obtienen los valencianos con las cinco concesiones sanitarias que existen actualmente en la C.V.

El sindicato pretende que, de esta manera, el Gobierno del PP ofrezca, "de una vez por todas, cifras claras sobre la rentabilidad de los departamentos de salud gestionados por estas empresas con respecto a los departamentos de gestión pública", ha explicado en un comunicado. Hasta el momento, el Gobierno del PP no ha sido proclive a presentar estudios e informes económicos de peso que avalen cuanto se ahorra con la gestión privada en la Sanidad valenciana y que demuestren que esta gestión ofrece la misma calidad por menos dinero, según ha indicado Cemsatse.
El sindicato cree que a pesar de que la estrategia de privatizar la gestión se ha realizado de manera progresiva -Hospital de la Ribera (1999), Torrevieja (2006), Dénia (2006), Manises (2009) y Vinalopó (2010)-, el "mayor escándalo" en este proceso tuvo lugar cuando en 2003, Ribera Salud UTE se dio cuenta de que no le salían las cuentas gestionando el Hospital de Alzira y se cambió el modelo vigente, rescatándose la adjudicación y volviéndola a ofrecer con unas condiciones más ventajosas y haciéndose cargo también de la gestión de la Atención Primaria del departamento.
El punto de partida del grupo de trabajo sobre gestión clínica de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM),  ningún modelo autonómico vigente les convence,
lamentan que todas las experiencias liguen “una mayor responsabilidad del médico al ahorro, no a darle más autonomía ni a gastar mejor”.CESM no acepta que se ligue la actividad de las Unidades de Gestión Clínica (UGC) al ahorro. “No puede ser utilizada por las Administraciones para alterar la calidad asistencial o plantearla sin considerar al médico como eje fundamental”, critica Toranzo. Alude a experiencias (“más bien anecdóticas”) de Cataluña, Asturias o Castilla-La Mancha, pero se detiene en el modelo andaluz para lamentar que suponga un sistema de productividad “muy agresivo” y exclusivamente vinculado al ahorro.